El Polo Obrero recibió un revés judicial en la causa que investiga a varios dirigentes piqueteros por extorsión y el uso de facturas truchas para justificar millonarios subsidios que la organización recibió del Estado en el marco del programa Potenciar Trabajo. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que fue legal el allanamiento que la Policía Federal realizó en la sede de la Asociación Civil Polo Obrero, ubicada en la calle Monteagudo al 700 en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de mayo.
En varias conferencias de prensa el líder de esa organización de izquierda y principal imputado en el expediente, Eduardo Belliboni, además de victimizarse, opinó que la medida ordenada por el juez Sebastián Casanello y solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita era “ilegal” porque se había realizado “sin dar aviso previo a los dirigentes y cuando aun el sol no había salido”. “Nos allanan igual que lo hacían en la dictadura militar, de noche, a oscuras, rompiendo puertas y sin respetar las garantías constitucionales”, sostuvo el dirigente frente al Congreso de la Nación.
Una argumentación similar presentaron ante Casanello para invalidar la medida. Lo hizo Elizabeth Palma, otra de las imputadas y presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, con el patrocinio de las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero. La solicitud de “nulidad” llegó a la Cámara Federal porque el 28 de mayo Casanello “rechazó el planteo de nulidad interpuesto contra el allanamiento”.
El magistrado había resuelto en consonancia con lo dictaminado por el fiscal Pollicita, quien razonó: “La medida cuestionada se llevó a cabo conforme la normativa legal vigente, en presencia de los testigos convocados al efecto y ante la persona encargada del lugar, labrando las actas correspondientes y quedando todo debidamente registrado, por lo cual no se advertía la existencia de vicio alguno que afecte su validez”.
El fiscal también había argumentado que si se hubiese dado aviso a los dirigentes imputados en la causa sobre el allanamiento, como pretendían los letrados de la organización piquetera y el mismo Belliboni “hubiese puesto en peligro las finalidades para los cuales los registros domiciliarios fueron ordenados y realizados de modo simultáneo y a primera hora, en forma previa al inicio de la jornada laboral”. Ese mismo día y hora se registraron 27 allanamientos.
En la resolución firmada ayer, los camaristas toman como propios los argumentos del juez y el fiscal para rechazar el pedido de nulidad. “Coincidimos con la solución arribada por el juez instructor en cuanto a que no se advierten aquellas irregularidades denunciadas por la parte recurrente capaces de acarrear la nulidad del allanamiento realizado el pasado 13 de mayo en el inmueble sito en la calle Monteagudo 730 y 732 de esta ciudad, sede de la Asociación Civil Polo Obrero”, escribieron.
Los magistrados también agregaron que “debe sumarse a ello que la propia norma contempla la posibilidad de prescindir de la obligación de dar aviso a las autoridades del establecimiento a allanar si ello fuere perjudicial a la investigación penal. Y fue en esa dirección que el juez de grado valoró que el allanamiento en cuestión se trataba de uno de varios procedimientos a realizarse el mismo día, en idéntico horario y en lugares geográficos diferentes que involucraban a un número importante de personas con vínculos entre sí, revelando ello la importancia de mantener la reserva ante la posibilidad de que se frustren de forma irreparable los fines del proceso penal con su anoticiamiento”.
La Sala I de la Cámara Federal porteña recordó: “El allanamiento comenzó a las 6:30 de la mañana ante la presencia de los dos testigos requeridos por ley, quienes ingresaron al recinto una vez asegurado de potenciales peligros por parte de la fuerza a cargo de la tarea, oportunidad en la cual se hizo presente quien dijo ser el encargado del depósito, acompañado también por su pareja, ante quienes se leyó la orden correspondiente y se dio inicio al registro”.
En el inmueble del Polo Obrero, donde los instructores judiciales fueron recibidos por Jorge Antonio Rosa y Saucedo Arias, se secuestraron 16.425 dólares en efectivo, 6.882.589 pesos, cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, un disco rígido y cuatro pendrives. El total del dinero hallado supera los 22 millones de pesos.
Casanello y Pollicita investigan si ese dinero, además de lo descubierto en otros procedimientos, pudo haberse originado en las prácticas ilegales que se investigan. Es que la principal hipótesis que analizan la justicia y los investigadores que reportan al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y a Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, es que las organizaciones piqueteras montaron una maquinaria que se retroalimentan con recursos de planes sociales y alimentos que recibían de los diversos gobiernos.
La dinámica, de acuerdo con las actuaciones, se basaba en “exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”.
El ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaria Legal, Leila Gianni, y el abogado Ariel Romano, es querellante en el expediente junto a la Oficina Anticorrupción. En la resolución de la Cámara Federal, los magistrados dejaron asentado que también tomaron argumentos de los abogados Capital Humano para fundamentar el rechazo a las pretensiones del Polo Obrero para anular los allanamientos que los complican, ya que a través de ellos se secuestraron, por ejemplo, facturas emitidas por empresas “usinas de facturas apócrifas” vinculadas a esa organización piquetera.
Hasta ahora, a lo largo de la pesquisa se detectó una presunta maquinaria montada con dinero de planes sociales y alimentos que tenían por destino final los comedores, pero que habría sido desviado hacia la venta al público en barrios populares.
“Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo Leila Gianni en el expediente.
El 25 de junio Eduardo Belliboni fue indagado por Casanello y Pollicita por el presunto desvío de fondos para financiar al Polo Obrero.
Según la información que tiene la justicia federal, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, también líder del Movimiento Evita, tras constituirse como Unidades de Gestión y/o Certificación. Recibieron un total de $361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tanto de generación de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.
Uno de los hechos por los cuales se lo indagó es que con parte del dinero recibido, la organización piquetera habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral. Como informó este medio, parte de los subsidios eran justificados con facturas apócrifas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.
Durante las tres horas que duró la declaración indagatoria, Belliboni negó los hechos que se le enrostra. También la presunta extorsión a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a quienes se les pedía ir a manifestaciones y pagar una cápita para poder asistir a los comedores y para poder recibir la prestación social abonada por el Estado. En los próximos días, Sebastián Casanello deberá resolver la situación procesal de Belliboni y de otros dirigentes del Polo Obrero, entre ellos Jerónimo Quintero, su mano derecha.
