El Gobierno planea anunciar en los próximos días un aumento de sueldo para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que se dará en el marco de la estrategia de la actual gestión libertaria de poner en valor al sector militar y rediseñar, en paralelo, su accionar y las tareas que cumple.
La medida fue anticipada recientemente por el propio ministro de Defensa, Luis Petri, durante el acto de recepción del primero de los cuatro aviones Lockheed Martin P-3 Orion que la Argentina le compró al Reino de Noruega por un total de 67 millones de dólares.
“Estamos a punto de anunciar en las próximas horas un aumento a los sueldos de nuestras Fuerzas Armadas para que recuperen el poder adquisitivo y continúen con la recuperación del poder adquisitivo que sin lugar a dudas se va a lograr bajando la inflación. Y ese es el principal objetivo y meta que tenemos”, precisó el funcionario en esa oportunidad.
De hecho, la adquisición de estas aeronaves, junto con los F-16 de combate que también comenzaron a arribar al país, son señales que las autoridades nacionales buscan que se interprete como un cambio de rumbo en la política de defensa con respecto a la administración anterior, aunque las negociaciones para el traspaso de todo este material comenzó años atrás.
“Hoy podemos decir con orgullo, por ejemplo, que 20.000 soldados comen en los regimientos y en los cuarteles, cuando hace poco más de 12 meses tenían que retirarse a sus casas porque no tenían provistas por las fuerzas el racionamiento necesario para continuar con el adiestramiento. Hoy honramos a nuestros veteranos de Malvinas y los ponemos a marchar en nuestros desfiles que volvieron porque creemos que hay que fortalecer los vínculos y la interrelación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad argentina, que tanto las quiere y así lo demuestra”, resumió Petri.
No obstante, si bien se mantienen expectantes de la confirmación del aumento salarial, que saldría Publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, en el interior de los cuarteles creen que la suba solamente será para compensar la inflación de los últimos meses.
En el Gobierno, en tanto, aclaran que se trata “de una recomposición salarial” y fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a este medio que se estaban “terminando de ajustar algunos detalles” de la resolución.
Asimismo, un sector de los militares continúa con dos reclamos de larga data: la equiparación con las fuerzas de seguridad y la brecha jerárquica. En cuanto al primer punto, los uniformados señalan desde hace tiempo que cobran menos que un policía o un miembro de la Prefectura con un rango equivalente al de ellos.
El propio presidente Javier Milei aseguró a finales de agosto, en el último brindis de camaradería, luego de entregarle los sables y despachos a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, que iba a solucionar este problema, pero aclaró que será cuando la situación económica del país mejore.
En cuanto al segundo ítem, en el mundo castrense hay cuestionamientos porque la diferencia de salario entre los distintos rangos no es mucha, por lo que un Capitán de Navío termina ganando casi lo mismo que un Comodoro, o un suboficial mayor, muy similar a lo que tiene de ingreso el grado inmediatamente superior al suyo, subteniente, lo que aseguran que desalienta el crecimiento profesional.
Toda esta situación se da, además, en medio de las intenciones del Gobierno de modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, para permitir que las Fuerzas Armadas puedan combatir ataques que no sean solo provenientes de Estados, como, por ejemplo, el terrorismo o el narcotráfico.
Puntualmente, la medida presentada por el Poder Ejecutivo busca que los cuerpos militares, bajo determinados supuestos, puedan realizar patrullaje; control de personas y vehículos; operaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmuebles, y aprehensión en flagrancia.
Sin embargo, fuentes del sector destacaron a Infobae el discurso de Petri en el Senado, defendiendo esta iniciativa, pero señalaron algunos de los problemas que tiene el proyecto del Gobierno, que a su entender podrían generar inconvenientes en el futuro, en caso de que se apruebe.
